Las guerras inmigratorias: Forjando una solucion americana

Las guerras inmigratorias: Forjando una solucion americana

4.0 1
by Jeb Bush, Clint Bolick
     
 

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Del antiguo gobernador republicano de Florida y uno de los litigantes constitucionales principales llega una mirada oportuna y provocativa de uno de los temas más divisivos que enfrenta la nación hoy en día: la inmigración.

Una nueva propuesta de seis puntos para la política inmigratoria que se planta sobre la ley y honra el m

Overview

Del antiguo gobernador republicano de Florida y uno de los litigantes constitucionales principales llega una mirada oportuna y provocativa de uno de los temas más divisivos que enfrenta la nación hoy en día: la inmigración.

Una nueva propuesta de seis puntos para la política inmigratoria que se planta sobre la ley y honra el más grande de los valores estadounidenses: la libertad.

El debate sobre la inmigración ha sido un reto para esta nación desde su fundación. Pero hoy en día, divide a los americanos con más estridencia que nunca, debido a un fracaso crónico de liderazgo a nivel nacional por parte de ambos partidos. Finalmente tenemos una solución alcanzable guiada por dos principios centrales: primero, la inmigración es vital para el futuro de los Estados Unidos; segundo, cualquier solución perdurable se debe adherir a la ley.

En el primer libro que ofrece un enfoque práctico e imparcial, Bush y Bolick proponen una convincente estrategia de seis puntos para revisar nuestras políticas, la cual comienza con borrar todas las estructuras inmigratorias existentes y anticuadas y volver a empezar.

Con Las guerras inmigratorias como rayo de esperanza, los estadounidenses finalmente pueden solidificar una identidad nacional que está basada en un conjunto de ideales enriquecido y revitalizado por los inmigrantes, quienes en su mayoría aceptan fervorosamente nuestros valores fundamentales: la familia, la fe, el trabajo, la educación y el patriotismo.

Product Details

ISBN-13:
9781476729657
Publisher:
Threshold Editions
Publication date:
06/04/2013
Pages:
304
Product dimensions:
5.40(w) x 8.30(h) x 0.90(d)

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Las Guerras Inmigratorias


  • ESCRIBIMOS ESTE LIBRO PARA AGREGAR nuestras voces al llamado por una reforma migratoria sistémica. Primero y principal, queremos centrar la atención en la urgencia de la necesidad de dicha reforma. Los estadounidenses a menudo ven al debate inmigratorio en términos unidimensionales: ya sea la inmigración como tema de justicia social o la inmigración (en especial la inmigración ilegal) como flagelo. Eso contribuye a la intensa disensión que rodea a la inmigración como tema, lo cual a veces la hace un “tercer carril” en la política estadounidense. Los políticos de ambos lados de la división partidista se resguardan en vez de enfrentar un tema cuya resolución es vital para el futuro de nuestra nación.

    El tema realmente es urgente. La inmigración es un conductor clave de la economía estadounidense, una respuesta a los tremendos desafíos demográficos y una solución a un sistema educativo inadecuado desde kínder hasta el último año de la secundaria. A su vez, la inmigración que se lleva a cabo fuera de los límites de la ley debilita nuestras instituciones y amenaza a la inmigración legal. Consideramos que la política inmigratoria de nuestra nación es un desastre, pero uno que se puede arreglar exitosamente a través de una combinación de liderazgo político, consenso bipartidista y —como ocurre con la mayoría de los temas difíciles que enfrenta nuestra nación— el recurrir a los valores estadounidenses básicos.

    Cuando la política inmigratoria funciona bien, es como una represa hidroeléctrica: una pared fuerte cuyas válvulas permiten que pasen torrentes de agua, creando cantidades exorbitantes de energía dinámica. El embalse que suministra la potencia está lleno y se repone constantemente. Las válvulas se pueden ajustar contra la pared de agua por fuera, aliviando la presión o conteniéndola según sea necesario, pero siempre permitiendo suficiente circulación para cumplir con las necesidades energéticas de la nación.

    Pero hoy la represa está decrépita y toscamente cementada, con pérdidas constantes que deben ser remendadas. Su circulación ha sido alterada tantas veces que la estructura de la represa ha perdido toda integridad. Sus válvulas están tapadas, su llave rota, su generación de energía es esporádica y poco fiable. El agua pasa por encima de la represa y a través de sus grietas, y todo esfuerzo por contener la corriente crea nuevas fisuras. Lo peor de todo es que el embalse detrás de la represa —del cual depende el suministro de energía de la nación— se está secando, y como la represa provee salidas inadecuadas para lo que queda, otros lo están desviando para uso de la competencia.

    El diagnóstico no puede ser más claro: necesitamos reemplazar la represa.

    Con esa propuesta, la que dice que debemos reparar fundamentalmente nuestra política inmigratoria actual, parecen estar de acuerdo la mayoría de los estadounidenses y sus funcionarios en ambos partidos. Sin embargo, la reforma migratoria integral se ve truncada una y otra vez. Permaneció estancada en 2007 y 2008, aun cuando el presidente George W. Bush y el liderazgo del congreso de ambos partidos hicieron un gran esfuerzo por promulgar una reforma migratoria bipartidista. Nunca llegó a tomar vuelo después de la elección del presidente Barack Obama en 2008, a pesar de tener una mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso y el hecho de que Obama había prometido promulgar una reforma migratoria integral durante su primer año en funciones.

    Aunque la reforma migratoria es uno de los pocos temas importantes en donde claramente existe el potencial para un consenso bipartidista, ese consenso se encuentra constantemente menoscabado, obviamente por la estridente oposición en los extremos de ambos partidos, pero también por la falta de valentía política. A menudo, los funcionarios electos que poseen un capital político amplio para hacer realidad una reforma migratoria integral, se debilitan ante la oposición hostil de los elementos extremos de sus respectivas bases partidistas. Es así más allá de que aquellos que sostienen, por principio, los temas inmigratorios raramente sufren consecuencias políticas considerables por hacerlo. La combinación de rencor ideológico, demagogia y cobardía política es letal, y como resultado permanecemos encasquetados con un régimen migratorio que, casi todo el mundo concuerda, es profundamente disfuncional.

    Ambos lados son responsables por el impasse.

    En la izquierda, algunos pujan por fronteras abiertas como una cuestión de justicia. Justifican a aquellos que vinieron ilegalmente y condenan los esfuerzos para hacer cumplir la ley. Los sindicatos, que durante gran parte del siglo pasado fueron los opositores más vehementes de la inmigración, ahora a veces hablan de la boca para afuera en cuanto a la reforma migratoria, pero, primero y principal, siguen buscando cuidar sus intereses parroquiales. Aunque algunos demócratas han trabajado con el partido opositor para encontrar un consenso bipartidista en la reforma migratoria, otros hacen uso de la inmigración como un tema político polémico, prefiriendo la polarización ante las soluciones. Durante su primer mandato, como se indicó anteriormente, el presidente Obama rompió su promesa de campaña de promulgar una reforma migratoria durante su primer año —lo cual fácilmente podría haber logrado dada la mayoría demócrata en el Congreso— y no hizo nada hasta que la erosión del apoyo hispano amenazó su posibilidad de reelección.

    En la derecha, los opositores de la inmigración ven multitudes de inmigrantes ilegales quitándoles trabajos a los estadounidenses que tan desesperadamente los necesitan y consumiendo servicios sociales que corren por cuenta de los sobrecargados contribuyentes. Ven a los inmigrantes, tanto legales como ilegales, rehusarse a dejar de lado sus culturas o adoptar las costumbres estadounidenses y hablar inglés. Creen que los inmigrantes ilegales contribuyen fuertemente al crimen y agonizan con la inexplicable inhabilidad del Gobierno estadounidense en cuanto al control de nuestras fronteras. Ven a los inmigrantes votando en grandes cantidades por demócratas que constantemente expanden el alcance y el costo del estado subsidiario. Y son profundamente escépticos, dadas las promesas rotas del pasado, de que cualquier mutuo acuerdo sobre la inmigración alguna vez resulte en detener la corriente de inmigrantes ilegales.

    Como resultado, insisten en que las fronteras deben ser controladas antes de que se pueda considerar cualquier otra reforma migratoria. Se oponen todo lo caracterizado como reforma migratoria “integral” y condenan como “amnistía” cualquier propuesta que esté por debajo de la deportación de todos los inmigrantes ilegales.

    Es probable que sea imposible satisfacer los extremos de cada punta del espectro ideológico. Pero hay un amplio punto medio sobre la inmigración que se hace acreedor del apoyo de una gran mayoría de estadounidenses. Además, después de las elecciones de 2012, parece haber más determinación que en cualquier otro momento en décadas de alcanzar un acuerdo bipartidista en cuanto a la reforma migratoria.

    Escribimos este libro con la esperanza de que nosotros, como nación, no dejemos pasar este momento.

    Creemos que la reforma migratoria integral debería ser construida sobre dos valores centrales y esenciales: primero, que la inmigración es esencial para nuestra nación, y segundo, que la política inmigratoria debe ser gobernada por la ley.

    Aquellos que exponen solo uno de esos valores y excluyen el otro, causan violencia para ambos porque los dos valores son inseparables. Creemos que la política inmigratoria de nuestra nación siempre debe encontrar su origen en estos dos valores principales, no solo como retórica sino como realidad.

    Dado que las propuestas que bosquejamos abajo reflejan esos valores centrales, creemos que una mayoría de los estadounidenses las apoyará. Las encuestas de opinión pública muestran que alrededor de dos tercios de los estadounidenses apoyan un proceso en el cual los inmigrantes ilegales pueden obtener un estatus legal con tal de que aprendan a hablar inglés, pasen una revisión de antecedentes y paguen una indemnización.1 Una gran mayoría (63%) dice que los inmigrantes cuestan demasiado en cuanto a servicios sociales, pero el 79% dice que ocupan trabajos de baja remuneración que los estadounidenses no desean. Mayorías de dos tercios o más apoyan fuertes sanciones a empleadores por contratar inmigrantes ilegales, doblar el número de policías fronterizas, crear un programa de trabajadores invitados y mantener a los inmigrantes ilegales como inelegibles para servicios sociales no esenciales. En cambio, solo un tercio o menos apoya las matrículas como residentes del estado para hijos de inmigrantes ilegales, o las licencias de conducir o el acceso a Medicaid para los inmigrantes ilegales.2

    Una encuesta de North Star Opinion Research también produjo resultados reveladores.3 Según la encuesta, el 55% de los estadounidenses ven a la inmigración como un beneficio económico, mientras que solo el 33% cree que es una amenaza económica. Una mayoría del 52% cree que la creación de un programa de trabajadores invitados haría más que las autoridades (35%) para fortalecer nuestra frontera. De hecho, 73% concordó con la declaración de que “no es posible tener un control total de la frontera sin un mejor sistema para manejar a los trabajadores invitados”, mientras que solo un 16% no estuvo de acuerdo.

    En cuanto al apoyo de la ley DREAM, que permitiría que los hijos de inmigrantes ilegales permanezcan en el país bajo condiciones específicas, el 74% apoyó la idea mientras que solo el 20% se opuso.

    El resultado de las encuestas de opinión pública es este: los estadounidenses consistentemente apoyan las políticas a favor de la inmigración siempre y cuando se haga cumplir la ley. Eso le da a los legisladores mucha libertad para diseñar una reforma migratoria fundamental.

    Sin embargo, parece existir un límite muy significativo: la mayoría de la gente cree que el número total de inmigrantes no debe aumentar. Los sondeos muestran una y otra vez que el apoyo a un aumento en la cantidad de inmigrantes es menor al 10%, mientras que la mayoría de los estadounidenses están a favor ya sea de reducir el número o de mantenerlo igual.4 Aunque ese sentimiento es fuerte, creemos que debe ser desafiado, por varias razones. Sin hacer nada, y sin un aumento en la inmigración, la población estadounidense está disminuyendo y avejentándose. Necesitamos más inmigrantes para cortar con esa tendencia demográfica debilitante. Creemos que habrá mucho menos oposición al aumento de la inmigración si los estadounidenses perciben la necesidad y el valor de la inmigración —lo cual ocurrirá si arreglamos nuestro sistema para que la mayoría de los que entran a nuestro país le agreguen un valor tangible. Las siguientes seis propuestas que sugerimos tienen la intención de hacer eso mismo.

    Los políticos no deben temer accionar de manera audaz y ejemplar con respecto a la inmigración. Sin importar qué opiniones tiene la mayoría de los estadounidenses sobre la inmigración, son pocas las personas que basan su voto en ese tema. Aun durante la ola del Tea Party en 2008, solo el 4% de los votantes consideró la inmigración como el tema más importante de la nación.5 Pocas competencias políticas han ido en contra del tema inmigratorio, y la mayoría de los ataques a candidatos basados en la inmigración han fallado. Ciertamente, el retiro del senador del estado de Arizona, Russell Pearce, el arquitecto del S.B. 1070 —así como su fallida campaña de regreso en la subsiguiente primaria republicana en 2012—, sugiere que aquellos candidatos para quienes la oposición a la inmigración ilegal es el tema principal, no prosperan. Los funcionarios electos tienen mucho lugar para maniobrar en cuanto a temas inmigratorios, siempre y cuando hagan avanzar políticas que maximicen los beneficios de la inmigración y sometan el sistema a la ley.

    Asimismo, creemos que las propuestas basadas en los valores centrales por los que nosotros abogamos pueden cerrar la brecha partidista. Pero no es por eso que las apoyamos. Más bien, lo hacemos porque es crucial para el futuro de nuestra nación que encaminemos la política inmigratoria por un rumbo sensato. Tal acción requerirá de un liderazgo político valiente y comprometido. Pero creemos que los líderes dispuestos a dar el paso para lograr tal reforma serán recompensados tanto por la historia como por una nación más próspera y diversa que continúe celebrando y avanzando sus principios más fundamentales.

    Presentamos seis propuestas generales que creemos fortalecerían la política inmigratoria de los Estados Unidos y promoverían las importantes metas nacionales que la política inmigratoria debería lograr.

    Dado que la reforma migratoria integral falló a nivel legislativo durante la última década, muchos se encuentran reacios a intentarlo de nuevo. Ciertamente, algunos comentaristas creen que “reforma migratoria integral” es código para la inacción, en especial dado que el presidente Obama prometió tal reforma durante su primer año en funciones pero rápidamente la abandonó a pesar de las decisivas mayorías demócratas en ambas cámaras del Congreso. Otros instan a una reforma fragmentada —una ley DREAM por aquí, un arreglo a las visas para trabajadores altamente capacitados por allá. “Con todo y la tormenta y el estrés del debate sobre nuestra inmigración nacional, ha habido notablemente poca inclinación por ir más allá de tratar los síntomas”, escribe el columnista Jeff Jacoby. “Pero la arquitectura básica de la política inmigratoria estadounidense en sí misma —con su confusión estranguladora de cupos y regulaciones, y su suposición central de que la inmigración debe ser estrictamente limitada y regulada— casi nunca es desafiada”.6

    Nosotros favorecemos un enfoque integral por dos razones principales. Primero, el sistema como un todo está roto, y las partes del rompecabezas inmigratorio están relacionadas. Por ejemplo, la meta de sellar la frontera es inútil sin la creación de un proyecto inmigratorio que provea una alternativa viable a la inmigración ilegal. Ampliar las visas de trabajo sin modificar el sistema de preferencia familiar puede aumentar la inmigración a niveles políticamente insostenibles. Encontrar la manera para que los inmigrantes ilegales permanezcan en los Estados Unidos no se puede ni considerar si nuestras fronteras no están bajo control contra la futura inmigración ilegal.

    Segundo, una reforma integral es necesaria para lograr un consenso bipartidista. Las propuestas que apelan a un lado pero no al otro continuarán polarizando el debate. Pero una propuesta integral que se ocupe de las preocupaciones de ambos lados de la división partidista podría atraer un amplio apoyo, lo cual es esencial en un momento en el que el control del Gobierno federal está dividido entre republicanos y demócratas. Tal consenso bipartidista se logró en la década de los ochenta y noventa. Nuestra nación se está cansando de la división partidista, y la inmigración es un tema importante en el que la cooperación bipartidista debería ser posible.

    Creemos que los intentos recientes por lograr una reforma migratoria integral no llegaron lo suficientemente lejos. Se basaron en estructuras existentes anticuadas. En vez de seguir modificando el monstruo de la política inmigratoria, deberíamos comenzar de cero. Las leyes inmigratorias de nuestra nación han sido enmendadas tantas veces que se han vuelto increíblemente complejas, incoherentes y a veces autocontradictorias. Las únicas personas que se benefician de la complejidad de la ley son los abogados de inmigración. Una política mucho más simplificada y directa sería una maravilla para las muchas personas, los negocios y los funcionarios del Gobierno que se ven sometidos a o afectados por la misma.

    Históricamente, la inmigración ha pasado por varias agencias, cada una de las cuales tiene como misión tocar el tema inmigración pero no darle prioridad. La administración de la inmigración comenzó como parte del Departamento de Comercio, luego se movió al Departamento de Justicia, y más recientemente se ha dividido entre múltiples agencias. Durante la última década, la autoridad principal sobre la inmigración fue concedida al nuevo Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Sin embargo los departamentos de Estado, Trabajo, Justicia y Salud y Servicios Humanos siguen involucrados en la selección y el procesamiento de la inmigración. “Una reorganización más racional”, escribe el historiador de inmigración Roger Daniels, “hubiera creado un gabinete separado para la inmigración y hubiera colocado a los funcionarios de Washington que se encargan de la inmigración en un solo edificio bajo un liderazgo unificado en vez de dividirlos por toda la ciudad e insertarlos dentro de una organización en donde la inmigración, como mucho, es un hijastro”.7

    Ubicar la inmigración bajo el control del DHS tuvo sentido como consecuencia del 11 de septiembre, dado que la mayoría de los terroristas de Al Qaeda pasaron por nuestro sistema de inmigración. Pero mantener la hegemonía del DHS sobre la política inmigratoria no tiene sentido a largo plazo. Mientras que los asuntos de seguridad deben ser una parte central de cualquier sistema de inmigración funcional, otros asuntos nacionales importantes relacionados con la inmigración se verán afectados si aquellos asuntos toman preponderancia. Como bien observa Edward Alden en The Closing of the American Border, en los años que le siguieron al 11 de septiembre, “para un terrorista, entrar a los Estados Unidos es mucho más difícil de lo que era. También es mucho más difícil para todos los demás”8. Las visas de turista, de estudiante y de trabajo se han acumulado y atrasado aun cuando las dudas relacionadas a la seguridad con respecto a ciertos candidatos específicos son mínimas, todo para gran detrimento del comercio de los Estados Unidos.

    De igual manera, ubicar la inmigración bajo la hegemonía del DHS desvía a aquella agencia de asuntos vitales de seguridad nacional. Como cuenta Alden, con la “decisión de hacer del cumplimiento duro de la inmigración una prioridad en el Departamento de Seguridad Nacional, la meta original de detener terroristas se fue disipando más y más del centro de las actividades del DHS”9. Su incrementado esfuerzo del cumplimiento de la inmigración llevó a levantar cargos contra 814.000 personas durante los primeros tres años de la agencia; sin embargo, el DHS solo levantó cargos por terrorismo o apoyo al terrorismo en solo una docena de esos casos.10

    Aunque tiene mucho sentido que la seguridad fronteriza siga siendo una función central del DHS, las funciones de inmigración y naturalización son lo suficientemente importantes —y diferentes— como para ser ubicadas tanto en una agencia por sí sola o dentro de un departamento ya existente (como el Departamento de Comercio) cuya misión es consistente con la política nacional de promover la inmigración. Eso debería ser parte de una revisión total de las leyes nacionales de inmigración. El sistema actual simplemente no se puede reparar. La ley en sí es un obstáculo a una reforma necesaria. De la cacofonía deberíamos apuntar a crear harmonía, tanto en cuanto a la ley y la agencia que la implementa y la hace cumplir.

    Durante siglos, la política inmigratoria se ha basado en el concepto de que los Estados Unidos es intrínsecamente un lugar deseable para vivir y trabajar. Mientras esperamos que la premisa subyacente siempre siga siendo cierta, necesitamos que nuestro sistema de inmigración refleje la realidad de que la economía estadounidense no siempre es vibrante y que nos encontramos en firme competencia global por inmigrantes.

    Como cualquier otro bien o servicio de valor, la inmigración funciona de acuerdo a la oferta y la demanda. Si la demanda de inmigrantes sobrepasa la oferta, esto llevará al mercado negro, como lo hemos evidenciado durante las últimas décadas. Las ineficiencias impuestas por el Gobierno, asimismo crearán distorsiones en el mercado, como la falta o el exceso de la oferta. Nuestra política inmigratoria actual busca suprimir la oferta y la demanda a través de una serie de preferencias y cupos gubernamentales. Encaminarse a un sistema de inmigración basado en la demanda ayudaría muchísimo a enfrentar los urgentes desafíos económicos de nuestra nación.

    “[E]l problema con el sistema de inmigración de los Estados Unidos”, observa Jeff Jacoby, “no es que hay demasiadas personas que rompen las reglas. Es que las reglas en sí son irracionales, iliberales y contraproducentes”.11 A algunas personas se les permite convertirse en residentes legales automáticamente, aunque no trabajen y vayan a consumir muchísimos servicios sociales. (De hecho, ¡algunos inmigrantes tienen prohibido trabajar!). Otros que contribuirían muchísimo tienen que esperar décadas para una visa, si es que logran conseguirla.

    De las varias críticas serias y legítimas que se pueden hacer en contra del sistema de inmigración actual, dos en particular se destacan en cuanto a su impacto enormemente perjudicial:

    • No estamos trayendo inmigrantes altamente capacitados en cantidades suficientes como para cumplir con nuestras necesidades y maximizar la futura prosperidad estadounidense.

    • No hay un camino realista para la mayoría de las personas que simplemente quieren convertirse en ciudadanos estadounidenses.

    Hay una explicación importante para ambos problemas: nuestra política inmigratoria está motivada por una preferencia predominante por la reunificación de la familia, lo cual a su vez tiene una definición muy amplia. A diferencia de todos los demás países, en los Estados Unidos los familiares de aquellos que ya son inmigrantes dan cuenta de una gran mayoría de nuevos candidatos legales en nuestro país, desplazando a la mayoría de los demás, incluyendo los inmigrantes que contribuirían enormemente al crecimiento económico.

    No siempre fue así. En el año 1970, la inmigración en base al trabajo era responsable del 70% de todos los recién llegados a los Estados Unidos.12 Pero desde que se cambió la ley federal para hacer de las preferencias para parientes lejanos una prioridad de la inmigración, los números se han dado vuelta. Para 2011, les fue otorgada la residencia legal permanente en los Estados Unidos a alrededor de un millón de inmigrantes —un número promedio durante la última década.13 De ese número, 453.000 —casi la mitad— eran familiares inmediatos, ya fueran cónyuges, hijos menores o padres de ciudadanos estadounidenses, la mayoría anteriormente inmigrantes. Otros 235.000 eran otros parientes, incluyendo hijos mayores, nietos y hermanos. Es decir, cerca del 65% —casi dos tercios— de todos los nuevos residentes permanentes consiguió el estatus gracias al estatus de su familia.

    En cambio, solo 139.000 —aproximadamente el 13%— fueron admitidos por propósitos laborales. Otros 113.000 fueron refugiados, y 50.000 llegaron a través de la “lotería de diversidad”. Esa lotería fue creada para que ciertos países no dominaran totalmente la inmigración —de hecho, se piensa que fue un gesto de aprobación al lobby de inmigrantes irlandés. La lotería de diversidad ilustra vívidamente la demanda contenida por la inmigración estadounidense: en 2008, 13,6 millones de extranjeros compitieron por los 50.000 puestos de diversidad, o aproximadamente 250 solicitantes por cada visa.14 Sin embargo, aparte de los parientes de inmigrantes, los trabajadores, los refugiados y un manojo de otras categorías de visas altamente especializadas, el tremendo exceso de solicitudes para la lotería de diversidad es el único medio por el cual la mayoría de la gente puede entrar legalmente a los Estados Unidos.

    No podemos controlar nuestro sistema de inmigración hasta no lidiar seriamente con la política de preferencia familiar. La reunificación de la familia abarca dos categorías. La primera incluye familiares “inmediatos”, definidos como cónyuges, niños menores solteros y padres de ciudadanos estadounidenses. Esos parientes no tienen límite numérico. La segunda categoría es la entrada preferencial que se extiende a hijos adultos y solteros de ciudadanos estadounidenses, la familia inmediata de los residentes permanentes legales, hijos adultos casados de ciudadanos estadounidenses y hermanos de ciudadanos estadounidenses. La segunda categoría tiene un tope de 226.000 por año. El número total de inmigrantes de familia reunificada es mucho mayor que los números pronosticados por los partidarios de la ley de inmigración actual.

    Cuando a los padres y hermanos se les da preferencia migratoria, su entrada, a su vez, crea un derecho para un gran número de otros familiares lejanos para que también reciban preferencia —un fenómeno llamado “inmigración en cadena”. Ciertamente, los números son tan grandes que aun con los parientes representando casi dos tercios de todos los inmigrantes legales, sigue habiendo un gran retraso de parientes elegibles esperando la entrada.

    En cuanto al análisis de costo/beneficio, los parientes lejanos típicamente no producen los beneficios económicos que sí producen los inmigrantes de trabajo, e imponen costos mucho más altos. Muchos de los parientes lejanos inmigrantes son niños, gente mayor u otros que no trabajan pero a menudo consumen una parte desmedida de los servicios sociales como la educación y el cuidado de salud.

    Si queremos aumentar el número de inmigrantes de trabajo sin aumentar considerablemente el número total de inmigrantes, debemos reducir la inmigración familiar. Hacer esto requiere limitar la definición de “familia” con el propósito de entrada preferencial. Los Estados Unidos, en ese sentido, es atípico. La Unión Europea, por ejemplo, limita la reunificación familiar a cónyuges e hijos menores.15

    Nosotros proponemos limitar la entrada garantizada a cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses. La esencia de la reunificación familiar es reunir a parejas casadas y sus hijos. En cambio, los hermanos y padres causan una inmigración en cadena considerable porque sus hijos, hermanos y padres entonces también reciben una entrada preferencial garantizada. Modificaríamos aún más la política de dos maneras. Primero, “eximiríamos” a los parientes que han solicitado la reunificación familiar en el momento en que la nueva política sea adoptada, así no deben comenzar el proceso de nuevo. Segundo, agregaríamos a la categoría de entrada garantizada a los cónyuges e hijos menores solteros de los residentes permanentes legales. Como actualmente se encuentran relegados al segundo nivel de la política de entrada preferencial, muchos esposos, esposas e hijos de residentes permanentes legales permanecen separados durante años —lo cual crea presión para los residentes permanentes legales para irse o traer a sus familias ilegalmente.

    Los críticos objetan que definir a la familia como una familia nuclear refleja los valores occidentales en lugar de los valores culturales de muchos de los inmigrantes actuales. Pues sí. Somos una nación occidental, y nuestra política inmigratoria debería reflejar nuestros valores. Pero los estadounidenses también le confieren un valor significativo a los parientes lejanos, y definitivamente no proponemos excluirlos. Se les debería permitir a los parientes lejanos buscar un camino a la inmigración estadounidense —pero a nuestro parecer, a través de canales de inmigración normales (aunque ampliados) en vez de por preferencia otorgada a otro tipo de inmigrantes.

    Limitar el alcance de las preferencias familiares abriría cientos de miles de oportunidades para inmigrantes sin siquiera aumentar el número actual de inmigrantes legales que vienen a los Estados Unidos cada año. Dada la urgencia de traer inmigrantes altamente capacitados y brindarles una vía a la ciudadanía, es imprescindible que hagamos precisamente eso.

    Proponemos crear cuatro categorías generales de inmigración:

    1. La inmigración familiar, definida como cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.

    2. Visas de trabajo, ampliadas extensamente más allá de los números actuales. Más adelante discutiremos los parámetros de cómo funcionaría este sistema.

    3. Un sistema de inmigración regular. Este sistema reemplazaría la lotería de diversidad y aumentaría sus números. Cualquier persona patrocinada por un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales y que no dependerá de servicios sociales podría buscar la entrada a través de este proceso —incluyendo parientes lejanos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales— de manera no preferencial, por orden de llegada.

    4. Inmigración para asilo y refugiados.

    Basados en los números actuales, estimamos que bajo esta nueva política, las admisiones por preferencia familiar serían de alrededor de 350.000 inmigrantes anualmente y los refugiados seguirían sumando 100.000 anualmente. Aun sin un aumento en los números actuales de inmigración, esto dejaría alrededor de 550.000 puestos para inmigrantes regulares y de trabajo. Si se dividieran por la mitad, eso doblaría el número actual de oportunidades para inmigrantes de trabajo sin dejar de proporcionar abundantes oportunidades para la inmigración familiar y para otros que desean venir a los Estados Unidos.

    Crear una vía “normal” a la ciudadanía sería un paso muy importante en una reforma migratoria significativa. La mayoría de las personas piensa que ese es el proceso tradicional de inmigración. Muchos estadounidenses probablemente no se dan cuenta de que la avenida tradicional de inmigración está prácticamente cerrada por nuestro sistema actual. Mientras los inmigrantes en el pasado “esperaban su turno en la fila”, no hay fila alguna en la que la mayoría de aquellos que aspiran a convertirse en estadounidenses puedan aguardar con una esperanza real de ser admitidos. Al resucitar ese proceso vital, y aumentar la inmigración de trabajo, reduciríamos enormemente la presión de la inmigración ilegal.

    Un ejemplo de las personas que podrían aprovechar un camino de inmigración normal es el de los miembros de la clase media china; cientos de miles dejan China cada año.16 Tienden a ser profesionales con algo de ahorros; pero si no son estudiantes o inversores ricos, no tienen habilidades especiales o no tienen parientes en los Estados Unidos, hay pocas posibilidades de que emigren a los Estados Unidos. Un caso típico es el de Wang Ruijin, una secretaria en una compañía de medios en Beijing, quien lamentaba que “para llevarse bien aquí [en China] debes ser corrupto o tener conexiones; nosotros preferimos una vida más estable”. Ella y su esposo planean enviar a su hija a una escuela en Nueva Zelanda, con la esperanza de que le abra las puertas para que toda la familia se pueda ir. Como los Estados Unidos no tiene una opción para tales inmigrantes, estamos perdiendo muchas personas trabajadoras que enriquecerían nuestro país.

    El proceso de inmigración en general se vería aún más mejorado si la agencia de inmigración pudiera proyectar un tiempo de espera estimado, asignando números y representantes personales para que los aspirantes a inmigrante puedan hacer planes y mantenerse informados en cuanto al estatus de sus solicitudes. Eso sería especialmente útil para los que tienen visas de trabajo, quienes a menudo se encuentran en el limbo de la inmigración, sin poder cambiar de trabajo y sin tener idea de si podrán obtener la tarjeta verde y cuándo podría ocurrir. Un proceso de inmigración reformado debería encarnar los dos elementos esenciales de un sistema eficiente y funcional que fomenta la ley: certeza y previsibilidad.

    Dividiríamos el número incrementado de visas de trabajo entre trabajadores altamente capacitados y un programa de trabajadores invitados para los menos capacitados. Para ambos tipos de trabajadores, deberíamos crear una vía clara a la ciudadanía.

    Un gran defecto de nuestro sistema actual es que los estudiantes extranjeros obtienen educación terciaria valiosa en los Estados Unidos y luego no pueden conseguir una visa de trabajo. De igual manera, los trabajadores altamente capacitados consiguen visas de trabajo pero luego no pueden obtener la tarjeta verde. Dos cambios importantes serían de gran ayuda para aumentar la oferta de inmigrantes capacitados. Primero, los estudiantes que obtienen títulos terciarios en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM, por sus siglas en inglés), deberían tener el derecho automático a visas de trabajo si consiguen trabajos en esas áreas al graduarse. Ese empleo no debería estar ligado solamente a grandes compañías, sino que también debería incluir pequeñas compañías y compañías que recién comienzan, las cuales son fuerzas tan dinámicas dentro de nuestra economía. Segundo, los trabajadores en ocupaciones especialmente importantes que requieren habilidades especializadas deberían recibir tarjetas verdes después de un tiempo determinado, y deberían saber esto por adelantado.

    Algunos países usan sistemas de puntos para determinar las prioridades de entrada para trabajadores inmigrantes con habilidades especiales. Creemos que la agencia de inmigración debería poder establecer prioridades basadas en un criterio objetivo incluyendo habilidades que tienen una demanda en particular y las tasas de desempleo en ocupaciones específicas. De esa manera, nuestro sistema de inmigración nos permitiría alcanzar nuestras necesidades más urgentes sin exacerbar el desempleo.

    La reforma también debería incluir a los empresarios. La ley actual otorga un pequeño número de visas EB-5 de corto plazo para extranjeros que invierten $500.000 en zonas en peligro. Si la inversión crea al menos diez empleos nuevos, la visa se convierte automáticamente en una tarjeta verde. En 2008, 945 inmigrantes invirtieron $400 millones bajo el programa. De igual manera, una ley propuesta llamada StartUp Visa Act tiene apoyo bipartidista. Le otorgaría visas de dos años a extranjeros que pueden atraer $250.000 en capital de inversores estadounidenses. Si crean cinco o más trabajos y exceden $1 millón en ingresos o capital nuevo, la visa se convierte en una tarjeta verde.17

    Estamos a favor de todo lo mencionado anteriormente, en números ilimitados. Los nuevos inversores nunca son demasiados. Pero somos conscientes de que la gran mayoría de los fundadores de negocios creados por inmigrantes llegaron no como inversores o empresarios sino como estudiantes o trabajadores. Las visas de estudiantes deberían ser abundantes y fácilmente accesibles, no solo por el talento que muchos estudiantes extranjeros traen como posibles futuros estadounidenses, sino por la buena voluntad que engendran hacia los Estados Unidos si regresan a sus países de origen. Al respecto, las universidades privadas proporcionan un excelente mecanismo de selección para traer a los estudiantes más talentosos, eliminando la necesidad de que el Gobierno tome tal decisión.18

    De igual modo, un programa de trabajadores invitados ligado a la demanda del mercado es parte esencial de una reforma migratoria fundamental. La visa provisional de trabajador invitado debería poder renovarse anualmente mientras continúe la relación laboral. Si los trabajos desaparecen, el número de visas de trabajadores invitados también disminuirá. La Fundación Krieble aboga por un programa de “tarjeta roja”, en donde los trabajadores extranjeros provisionales se emparejarían en una base de datos informática con posibles empleadores. Los empleados entonces recibirían una tarjeta roja con un microchip que permite que las autoridades de inmigración puedan monitorear la entrada y salida, y que puede usarse por el empleador para verificar elegibilidad. Los trabajadores invitados estarían sujetos a todas las leyes aplicables como la del salario mínimo y los impuestos sobre nóminas. Tal política aseguraría una corriente adecuada mas no excesiva de trabajadores provisionales para los muchos trabajos que no pueden ser fácilmente ocupados por trabajadores nativos —y nuevamente permite que el mercado, en lugar del Gobierno, determine cuáles son las habilidades requeridas y qué trabajadores son los que están mejor capacitados para proporcionarlas.

    Un proceso de trabajador invitado provisional también nos permite “probar” futuros ciudadanos estadounidenses. La ley actual requiere que los trabajadores provisionales declaren su intención de no emigrar a los Estados Unidos.19 Eso no tiene sentido dado que el programa de trabajadores invitados proporciona la oportunidad para que visitantes demuestren las cualidades que deseamos para la ciudadanía estadounidense. Creemos que después de cinco años de trabajar conforme a visas provisionales de trabajo renovables, los trabajadores invitados deberían tener el derecho a tarjetas verdes si han obedecido la ley y pagado impuestos. Muchos trabajadores invitados solo pretenden trabajar por temporadas en los Estados Unidos, por lo que esto no sería necesariamente un incentivo para ellos. Pero al establecer el camino a la ciudadanía para aquellos que siguen las reglas y benefician a nuestro país, quitamos otro incentivo perverso más para la inmigración ilegal para aquellos que quisieran permanecer en los Estados Unidos de forma permanente.

    Hay una reforma más que es absolutamente esencial: el número de visas de trabajo debería ajustarse automáticamente, usando un criterio objetivo similar, de forma anual para reflejar los cambios en las necesidades del mercado. Los números en la inmigración de la mayoría de los países se ajustan ante condiciones cambiadas; los nuestros, en cambio, están grabados en piedra.20 La experiencia reciente con el vencimiento de una alta cantidad de números para visas de trabajo de alta capacitación —lo cual redujo el número por casi dos tercios— causó una severa escasez de trabajadores capacitados. Sin embargo, cuando se vencieron los números, el Congreso estaba políticamente paralizado en cuanto a temas de inmigración y no pudo actuar. No podemos darnos el lujo de arriesgar la futura oferta de trabajadores capacitados por los caprichos políticos siempre cambiantes. Al establecer un criterio objetivo de acuerdo con el ajuste numérico automático, creamos un sistema de inmigración de demanda que podríamos llamar el sistema de Ricitos de Oro: nunca demasiado caliente, nunca demasiado frío y siempre prácticamente en la medida justa. Cualquier Congreso futuro podría, obviamente, ajustar la fórmula. Pero el punto es que los cambios adecuados en los números de inmigración no requerirían de acción congresal y, por ende, no estarían sujetos a las vicisitudes de la política.

    Aumentar los canales legales para la inmigración de trabajo debería eliminar cualquier excusa para que los empleadores contraten a inmigrantes ilegales. Como resultado, las actuales leyes de sanciones al empleador deberían hacerse cumplir agresivamente. Los empleadores que desobedecen la ley tienen una ventaje injusta sobre los competidores que cumplen. La agencia de inmigración debería contar con el poder para usar cualquier tecnología que le resulte adecuada para maximizar la fidelidad de la ley, como E-Verify que coteja la identificación con bases de datos federales. Actualmente, solo una pequeña fracción de empleadores participa voluntariamente21 y solo uno de cada ocho posibles empleados pasan por E-Verify, a pesar de que el 92% de los pedidos de revisiones de identificación se hace al instante. Ese sistema tiene el potencial para ser mejorado lo suficiente como para hacerlo obligatorio.22 A su vez, se les debe dar garantías a los empleadores para asegurarles que si cooperan con cualquier sistema establecido, no serán penalizados si el sistema falla. Una ley de reforma migratoria integral debería permitir cierta flexibilidad administrativa para reflejar los avances tecnológicos en la verificación del estatus del empleado, y a su vez requerir que el Gobierno federal les extienda garantías a los empleadores que han obedecido de buena fe.

    Para todas las formas de inmigración, las restricciones actuales sobre los beneficios gubernamentales deberían mantenerse en vigencia. Ciertamente, como discutiremos más adelante, creemos que los estados deberían recibir más libertad para establecer reglas para los beneficios gubernamentales. Es vitalmente importante para el éxito de nuestro sistema de inmigración, y para mantener el apoyo público de ese sistema, que los inmigrantes lleguen a los Estados Unidos por las razones correctas: la libertad y la oportunidad, no la asistencia social.

    Efectuar estos cambios transformaría nuestro sistema de inmigración en uno que sirve las necesidades e intereses de los Estados Unidos y que le proclama al mundo que seguimos siendo una tierra de oportunidades. Nos permitirá competir más efectivamente con países que ya han hecho cambios importantes en sus sistemas de inmigración, y aprovechará la energía de los inmigrantes para hacer crecer nuestra economía. También quitará los incentivos para emigrar ilegalmente.

    Este ese el tipo de política inmigratoria que necesitamos para mantener nuestra posición como la mejor nación del mundo.

    Muchas historias de la política inmigratoria estadounidense en general pasan por alto el hecho de que, durante gran parte del primer siglo de los Estados Unidos, la política inmigratoria estaba casi exclusivamente bajo el dominio de las autoridades del estado.23 La Constitución le asigna autoridad sobre la naturalización al Congreso, la cual es bastante diferente a la inmigración. Desde luego, el Gobierno federal tiene el dominio constitucional exclusivo sobre la política exterior y el comercio, y no nos vendría bien tener cincuenta políticas inmigratorias diferentes. Contemplar tal escenario no tiene mucho sentido dado que la Corte Suprema de los Estados Unidos repetidamente ha reconocido la hegemonía del Gobierno federal sobre la inmigración.

    Reconocer que el Gobierno federal debe tener y tiene la autoridad primaria sobre la política inmigratoria no significa, sin embargo, que no pueda ni deba elegir compartir esa autoridad con los estados de manera sensata. Ya lo hace de manera limitada. Si el Congreso fuera a autorizar expresamente que los estados jueguen un papel más importante, a nuestro parecer no solo mejoraría la política inmigratoria de nuestra nación, sino que también podrían aumentar enormemente las posibilidades de una aceptación política más amplia para una reforma migratoria integral positiva.

    Nuestro sistema federalista visualiza diferencias políticas entre los estados, reflejando diferentes necesidades y prioridades y fomentando la innovación y la competencia. En particular, los estados tienen necesidades, intereses y prioridades variados cuando se trata de inmigración. Por ejemplo, un estado agrícola puede tener mayor necesidad de trabajadores por temporadas. Los estados con industrias de alta tecnología pueden querer elevar el número de visas para trabajadores altamente capacitados. Los estados que tienen sistemas de asistencia social generosos pueden estar interesados en limitar el acceso de los inmigrantes a esos servicios —o pueden elegir, como política, hacer que esos beneficios sean aún más accesibles. Aun otros pueden querer minimizar el impacto de los inmigrantes en sus economías. Permitir algo de variedad entre los estados para reflejar sus prioridades respectivas marcaría una innovación importante en la política inmigratoria basada en la fuerza y vitalidad de nuestro sistema federalista.

    Ante todo, la relación entre el Gobierno federal y los estatales al hacer cumplir la política inmigratoria debería ser de socios, no rivales. Desafortunadamente, durante los últimos años ha ocurrido lo contrario. Probablemente, nada podría mejorar la política inmigratoria más que fortalecer la creciente autonomía estatal y la relación cooperativa entre el Gobierno federal y los estatales cuando se trata de inmigración.

    Consideramos que tal flexibilidad tiene sentido en dos áreas principales.

    La primera es la de los servicios sociales. La noción de que los inmigrantes deberían venir a los Estados Unidos por la oportunidad, no la asistencia social, ha sido un pilar de la política inmigratoria nacional desde el comienzo —ciertamente, mucho antes de haber desarrollado una extensa red de beneficios sociales. El concepto de que los recién llegados deberían ganarse su propio sustento, debe mantenerse como un principio básico vitalmente importante de la política inmigratoria estadounidense —no solo para generar apoyo público para la inmigración, sino para asegurar que las consecuencias económicas a largo plazo de la inmigración sigan siendo positivas. Bajo la ley federal, los inmigrantes ilegales solo tienen derecho a una educación desde kínder hasta el último año de secundaria y a servicios médicos de urgencia, y hasta los inmigrantes legales no son inmediatamente elegibles para la mayoría de los programas de asistencia social. Los niños nacidos en los Estados Unidos, sin embargo, son ciudadanos y, por lo tanto, tienen derecho a los servicios sociales.

    A pesar de la elegibilidad limitada, los costos son considerables. El 37% de los inmigrantes recibe algún beneficio de la asistencia social, comparado con el 22,5% entre la población nativa. El porcentaje de inmigrantes que recibe asistencia social varía dramáticamente entre estados —en Virginia, los beneficiarios de la asistencia social representan solo un 20,2% de la población inmigrante, comparado con el 48,1% en Minnesota.24

    Los estados ya tienen una flexibilidad significativa cuando se trata de proveer beneficios a los inmigrantes ilegales y establecer requisitos para que los inmigrantes legales puedan obtener beneficios.25 Como los estados corren con la mayor parte del costo de muchos de los beneficios de asistencia social —en especial la educación y el cuidado de salud— les tendría que ser dada una flexibilidad aún mayor.

    Es por esto que el intento de la administración de Obama de obligar a los estados a adoptar una gran ampliación de Medicaid como parte de su programa de cuidados de salud nacional tuvo el efecto de exacerbar el sentimiento antiinmigrante. Aunque la administración le aseguró a los estados que los inmigrantes ilegales no serían elegibles para los beneficios de Medicaid, sus hijos nacidos en los Estados Unidos sí son elegibles porque son ciudadanos. Además, si a los inmigrantes ilegales les ofrecen una vía para la ciudadanía o residencia legal permanente, al final también serán elegibles. Afortunadamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos frenó la ampliación de Medicaid por un voto de 7 a 2 como excesivamente coactivo y por lo tanto contrario a los principios constitucionales del federalismo. La propuesta no debería resucitarse.

    En su lugar, el Congreso debería conferir autoridad explícita a los estados para determinar cuáles servicios se debería proveer a los inmigrantes, tanto a los ilegales como a aquellos quienes aún no han adquirido la residencia legal permanente o la ciudadanía, y bajo cuáles términos y condiciones podrían recibir esos servicios. A los estados se les debería permitir determinar requisitos razonables de duración y/o tarifas de servicios para usuarios, es decir, requerir que los inmigrantes contribuyan al ingreso fiscal durante un período mínimo de tiempo antes de convertirse en elegible para recibir los servicios sociales, o requerir que contribuyan al costo. En particular, en cuanto a los servicios de urgencia médica —que deben estar disponibles para todos bajo la actual ley federal—, los estados deberían poder definir qué servicios se encuentran cubiertos, para que las salas de urgencias no se usen más para obtener cuidados que no son urgentes a costa del contribuyente.

    Si la oportunidad para emigrar se separa de los derechos a la asistencia social, y si a los estados se les otorga mayor libertad para determinar la elegibilidad para tales programas o compensar los costos, es probable que el apoyo público a la reforma migratoria aumente al tiempo que alienta a los inmigrantes que vienen a trabajar. En última instancia, aquellos que contribuyen a los cofres públicos deberían ser igualmente elegibles para los servicios sociales. Pero cuanto más ampliamos la elegibilidad, más grande es la carga que recae sobre esos recursos y los que pagan por ellos. Siendo las entidades que corren con la mayor parte de la carga, los estados deberían tener flexibilidad máxima para decidir quién es elegible para sus servicios y bajo qué circunstancias.

    La segunda área en la que a los estados se les debería dar más flexibilidad es la de hacer cumplir las leyes. Controlar la inmigración es un gran trabajo —uno que creemos se reduciría considerablemente si arreglamos nuestra política inmigratoria en general, pero de todas formas es un trabajo desafiante. Los inmigrantes ilegales que cometen delitos deberían representar una prioridad para las autoridades tanto a nivel nacional como a nivel local. Ciertamente, permitir que los inmigrantes ilegales depreden la gente y la propiedad es una evasión de la responsabilidad federal. De igual modo, los inmigrantes que están aquí legalmente pero están involucrados en crímenes deberían ser retirados.

    De hecho, la probabilidad de que los inmigrantes ilegales que cometen delitos y no son retirados cometan más delitos es muy alta. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos determinó que 7.283 inmigrantes ilegales que no fueron detenidos después del primer arresto, prosiguieron a ser arrestados con 16.226 cargos, incluyendo 1.800 delitos serios como asesinatos y crímenes sexuales.26 La combinación de estatus ilegal y perpetrar un crimen debería ser automáticamente suficiente para la deportación; aun aquellos que están en nuestro país legalmente deberían ser deportados si comenten delitos serios.

    Desde 1996, el Gobierno federal ha estado autorizado para hacer acuerdos con policías estatales y locales para ayudar a hacer cumplir las leyes de inmigración.27 Autoridades federales han suplido a las autoridades del orden público en más de la mitad de los estados, para revisar el estatus migratorio de las personas detenidas por delitos serios.28 Esos programas deberían estar disponibles, junto con el entrenamiento adecuado, para cada entidad estatal y local que desee tal arreglo. Las autoridades federales deberían estar obligadas a iniciar y llevar a cabo procesos de deportación en contra de cualquier inmigrante no ciudadano, ya sea una persona que se encuentre aquí ilegalmente como una con una visa provisional, que haya cometido un crimen violento, un delito serio contra una propiedad o un crimen serio relacionado con el fraude. Los costos financieros y humanos de dichos crímenes recaen en los gobiernos locales y sus residentes. Si el Gobierno federal tiene la autoridad sobre la política inmigratoria, también debe tener la responsabilidad y obligación de hacerla cumplir. Una mejor coordinación entre las agencias locales y nacionales es esencial para hacer cumplir la ley efectivamente.

    Los estados que comparten fronteras con otros países también deberían tener la libertad de desplegar unidades de la Guardia Nacional según sea necesario para realzar la seguridad fronteriza. Desde luego, tal esfuerzo estatal y local debe estar subordinado a la supervisión y el control federal. Pero si los gobiernos estatales y locales creen que los recursos federales son inadecuados para controlar sus fronteras, deberían tener permiso para suplementar esos recursos con los suyos propios.

    Finalmente, los estados deberían poder proteger la integridad de la franquicia con leyes de identificación del votante, las cuales están apoyadas por la gran mayoría de los estadounidenses, incluyendo a los hispanos. I Mientras los estados se aseguren de que obtener tales identificaciones sea fácil para los ciudadanos, deberían tener la libertad de requerir tal identificación para votar o para pedir beneficios de asistencia social. Nuevamente, algunos estados no crearán tales requisitos; pero otros sí lo harán, y tienen fuertes justificaciones para hacerlo. El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos detuvo la ley de identificación del votante de Arizona bajo el argumento de que los estados no pueden agregar requisitos a las leyes de votos federales.29 La Corte Suprema de los Estados Unidos le concedió una revisión al caso y probablemente emita una resolución alrededor del tiempo en que este libro se imprima. Independientemente del resultado, el Congreso puede y debe autorizar a los estados a crear tales requisitos de identificación. En vez de cargarlos con el peso del Gobierno federal por ejercer los atributos más básicos de la soberanía estatal, nuestra ley de inmigración federal debería expresamente reconocer esa prerrogativa central.

    Aunque gran parte de la atención sobre la acción de inmigración estatal se ha puesto sobre Arizona y otros estados que han intentado restringir beneficios y ajustar el cumplimiento de la ley, Utah ilustra una dirección alternativa que podrían elegir algunos estados si se les otorgara una autonomía mayor. En 2011, Utah promulgó un paquete de leyes llamando a un cumplimiento más estricto de las leyes de inmigración, un programa de trabajadores invitados para cubrir las necesidades laborales del estado, y multas o permisos laborales para trabajadores no autorizados.30 Algunas de las medidas probablemente sean ilegales bajo la ley federal actual y los precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero el deseo de Utah de tomar un camino diferente al del estado al sur, ilustra la conveniencia de darle a los estados alguna flexibilidad para hacer ajustes a un sistema de inmigración genérico.

    Consideramos que otorgarle a los estados una mayor autonomía sobre las políticas relacionadas con la inmigración —no como una idea tardía sino como un componente central de la reforma migratoria integral— podría marcar un avance significativo en el impasse sobre la política inmigratoria. De igual modo, reemplazar la relación antagonista entre el Gobierno federal y los estados con una asociación genuina haría mucho más efectiva la política inmigratoria.

    Ningún plan migratorio integral puede ignorar a las varias millones de personas viviendo ilegalmente en los Estados Unidos. Este es el tema en el que los valores centrales que discutimos anteriormente se cruzan más pronunciadamente: debemos tratar a aquellos que se han establecido en nuestro país ilegalmente con compasión y sensibilidad, pero sin sacrificar la ley que es vital a nuestro tejido nacional. La amnistía al por mayor que se otorgó en la década de los ochenta fomentó el primero de esos valores mientras que abandonó el segundo, con el resultado claramente predecible del ingreso de millones de inmigrantes ilegales más al país.

    Esta vez, necesitamos vindicar ambos valores centrales. Por un lado, deberíamos tratar de ponernos en el lugar de la gente que entró al país ilegalmente: a menudo enfrentaban circunstancias económicas imposibles en sus países de origen, con un futuro sombrío para ellos y sus familias, pero no tenían un proceso realista para emigrar legalmente a este país. Por otro lado, permitir que la gente inmigre ilegalmente sin consecuencias mientras otros millones esperan para entrar por medios legales es evidentemente injusto. Además, crea un fuerte incentivo para la inmigración ilegal al tiempo que envía una señal de que realmente no valoramos la ley.

    El desafío en cuanto a la gente que está aquí ilegalmente tiene dos componentes muy diferentes: aquellos que entraron ilegalmente como adultos y aquellos que llegaron de niños. Consideramos que, bajo la Constitución, los niños que nacen dentro de los límites de los Estados Unidos son ciudadanos, así que no abordamos ese tema, porque ese estatus solo se puede cambiar con una enmienda constitucional.

    Muchos de los inmigrantes ilegales que entraron como adultos son miembros de sus comunidades, trabajadores y están bien establecidos. Pero, por definición, viven en la sombra de la sociedad. “Aunque viven entre nosotros, pagan IVA (Impuesto al Valor Agregado) e impuesto sobre la propiedad como nosotros y hasta hacen trabajos para nosotros, la ley dicta que deben estar ‘apartados’ de nosotros”, escribe W. Randall Stroud, un abogado de inmigración de Carolina del Norte. “Es ilegal que trabajen al lado nuestro en la mayoría de nuestros trabajos, que conduzcan autos en casi todos los estados y, en algunos estados, que asistan a las universidades con los mismo amigos que estaban en sus clases de secundaria”.31 Con la llegada de la recesión durante la última década, y el aumento de los esfuerzos por identificar y deportar a inmigrantes ilegales, muchos inmigrantes literalmente desaparecieron de sus casas en el medio de la noche. Gran parte de la información que existe sobre ellos es anecdótica. Al parecer, muchas familias tenían tanto miembros legales como ilegales. Algunos se mudaron de un estado a otro; otros regresaron a sus países de origen. En muchas instancias, sus partidas exacerbaron la crisis económica cuando los inmigrantes abandonaron sus casas y dejaron de pagar impuestos.

    No es bueno para nadie que los inmigrantes ilegales y sus familias vivan en la oscuridad. Necesitamos que todos participen en la economía, paguen impuestos, participen abiertamente en sus comunidades, estén dispuestos a denunciar crímenes —es decir, ser miembros responsables de la sociedad. Eso no puede ocurrir cuando la gente tiene miedo de ser detenida si se descubre su estatus migratorio.

    Proponemos una vía hacia el estatus de residente legal permanente para aquellos que entraron a nuestro país ilegalmente como adultos y que no han cometido ningún crimen adicional de importancia. El primer paso para obtener ese estatus sería declararse culpable de haber cometido el delito de entrada ilegal, y recibir una sanción adecuada consistiendo en multas y/o prestación de servicios a la comunidad. Los que no se presentan bajo este proceso serán sujetos a una deportación automática, a menos que decidan regresar a sus países de orígen por voluntad propia.

    Una vez que los inmigrantes que entraron ilegalmente como adultos se declaren culpables y paguen las multas pertinentes o presten servicios a la comunidad, serán elegibles para comenzar el proceso de conseguir la residencia legal permanente. Ganarse tal residencia debe incluir el pago de impuestos, aprender inglés y no cometer delitos importantes.

    Sin embargo, la residencia permanente bajo este contexto no debería llevar a la ciudadanía. Es absolutamente vital a la integridad de nuestro sistema de inmigración que las acciones tengan consecuencias —en este caso, que aquellos que violaron las leyes pueden permanecer pero no pueden obtener los frutos preciados de la ciudadanía. Hacer lo contrario nuevamente enviaría una señal de que las personas que eluden el sistema igualmente pueden obtener todos los beneficios de la ciudadanía estadounidense. Respetar la ley debe ser un prerrequisito básico para obtener la ciudadanía. Pero aquellos que entraron ilegalmente, a pesar de las razones imperiosas para hacerlo en muchas instancias, lo hicieron sabiendo que estaban violando la ley. Conceder la ciudadanía es un premio inmerecido para una conducta que no podemos darnos el lujo de incitar. Sin embargo, los inmigrantes ilegales que desean ser ciudadanos deberían tener la elección de regresar a sus países de origen y solicitarla a través de los procesos normales de inmigración que ahora serían mucho más abiertos que antes.

    Esta propuesta combina dos características necesarias para una política inmigratoria exitosa: proporciona una opción que es suficientemente segura y atractiva como para que los inmigrantes ilegales la sigan, mientras que a su vez impone suficientes sanciones como para ratificar la ley. Esta propuesta no significa ni en lo más mínimo una amnistía. La amnistía permite que las personas escapen de las consecuencias de una conducta ilegal. Nuestra propuesta impone dos sanciones por la entrada ilegal: multas y/o prestaciones de servicio a la comunidad, y la falta de elegibilidad para la ciudadanía. Pero permite que los inmigrantes ilegales que han probado ser miembros de la comunidad que han obedecido las leyes se puedan quedar en nuestro país. Preserva las familias y las comunidades, y proporciona seguridad y permanencia. Trae la luz del sol a la sombra.

    Los inmigrantes ilegales que fueron traídos a este país de niños presentan una situación muy diferente. Entrar al país ilegalmente requiere una intención que no podemos atribuirle a los niños cuando se encontraban bajo el control de los adultos. No son responsables por el delito de sus padres. La mayoría de los niños y jóvenes que han estado aquí por mucho tiempo hablan inglés como primer idioma, sus amigos y muchos de sus parientes están aquí, y no conocen otro país. Son estadounidenses en todo sentido menos en el estatus legal.

    La mayoría de los esfuerzos por lidiar con este tema se han centrado en la ley DREAM que, de haber sido aprobaba por el Congreso, le hubiera concedido el estatus de residencia permanente a la gente joven que fue traída ilegalmente al país, que vivió aquí durante por lo menos cinco años y que logró el ingreso a una institución terciaria. En lugar de liderar el frente para la acción legislativa, el presidente Obama disfrazó una cuasi ley DREAM con la apariencia de una política discrecional de cumplimiento de la ley. Desafortunadamente, esa acción ejecutiva deja a aquellos que se aprovechan de la política en un estado continuo de incertidumbre al no conferir un estatus legal definitivo o permanente.

    Creemos que las ideas incluidas en la ley DREAM y la orden ejecutiva del presidente Obama deberían formar parte de la reforma migratoria fundamental. Nos gusta un aspecto en especial de la política del presidente Obama: alentar la finalización de la secundaria o un Examen de Desarrollo de Educación General (GED, por sus siglas en inglés) al proveer un estatus migratorio legal. A muchos niños hispanoamericanos les va mal en la escuela, y alrededor de la mitad la abandonan antes de graduarse. Desde que Obama anunció su política, muchos hispanos jóvenes que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos han estado trabajando para cumplir con los requisitos del GED y así evitar la deportación, lo cual obviamente es un desarrollo positivo tanto para los niños como para el país.32 Dados los retos educativos que enfrentan muchos hispanos, consideramos que predicar un estatus legal de inmigración ligado a recibir un título secundario o su equivalente es una idea acertada.

    De hecho, iríamos un poco más lejos que la política del presidente Obama al crear una vía clara y definitiva hacia la ciudadanía. Como política general, proponemos que aquellos menores de dieciocho años de edad que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos, que han vivido en los Estados Unidos durante al menos cinco años y que no han cometido ningún delito importante, también deberían tener el derecho a la residencia legal permanente, sin tener que declararse culpables de un crimen o sufrir consecuencias legales. No pretendemos que tal política le proporcione refugio a los jóvenes que llegan a los Estados Unidos por su propia voluntad y quieren saltearse la fila. Más bien, la política debería extenderse a aquellos jóvenes que han estado aquí el tiempo suficiente como para considerarse estadounidenses.

    Más allá de eso, esos jóvenes que se gradúan de la secundaria o su equivalente, o que se inscriben en el servicio militar, deberían, a partir de ahí, recibir una tarjeta verde. Al vivir en los Estados Unidos desde que eran niños, no cometer delitos y obtener un título secundario o inscribirse voluntariamente en el servicio militar, esos jóvenes habrán demostrado las cualidades que deseamos en ciudadanos estadounidenses. Tal plan proporciona certidumbre y estabilidad para jóvenes que no han hecho nada malo y quienes enteramente merecen los beneficios de la ciudadanía estadounidense.

    Lidiar de manera ad hoc con los inmigrantes que entraron al país ilegalmente no proporciona una solución permanente ni para los inmigrantes ni para la nación en su conjunto. Debemos dirigirnos a este problema de una manera justa, firme y exhaustiva, y a su vez arreglar nuestros procesos de inmigración para que, en el futuro, millones de personas no sientan la necesidad de entrar a nuestro país ilegalmente porque no hay medios viables para hacerlo legalmente.

    Desafortunadamente, hay un solo método para prevenir la inmigración ilegal que reiteradamente ha probado ser efectivo, y es una “cura” que es peor que la enfermedad: una mala economía estadounidense. La inmigración es extremadamente sensible a las fuerzas del mercado. Una recesión económica larga y profunda ha logrado lo que la construcción de cercas fronterizas y aumentos masivos en los recursos de la policía fronteriza de los Estados Unidos no pudo lograr: reducir la inmigración neta de México a cero o menos.

    Muchos en la derecha dicen que debemos asegurar la frontera antes de reformar nuestro sistema de inmigración. El hecho es que no podemos hacer una cosa sin la otra. Aunque la seguridad fronteriza es un componente esencial de una reforma migratoria más amplia, una reforma migratoria más amplia también es un componente esencial para la seguridad fronteriza.

    Exigir seguridad fronteriza como un prerrequisito para una reforma migratoria más amplia es un buen eslogan pero evade los detalles y las medidas. ¿Qué quieren decir los defensores de tal estrategia con “control operativo” de la frontera? ¿Que ni un solo inmigrantes cruzará ilegalmente? ¿Que ninguna droga ilegal cruzará la frontera? ¿Que ningún terrorista entrará a nuestro país? ¿Exactamente cuál es el momento mágico que debemos esperar para arreglar el sistema de inmigración roto?

    Ya hemos hecho más esfuerzos que nunca antes para frenar el cruce ilegal de la frontera. El número de agentes de la policía fronteriza aumentó de 11.000 en 2006 a 17.000 en 2009, lo cual es cinco veces la cantidad de agentes que había hace veinte años.33 Hemos construido cientos de millas de cerca suplementada con vigilancia de alta tecnología. Las deportaciones de inmigrantes ilegales aumentaron a un nivel récord de 319.000 en 2011.34 Esos esfuerzos, combinados con un cumplimiento mayor de las leyes de inmigración contra aquellos residiendo en los Estados Unidos, una recesión económica estadounidense profunda y prolongada y las mejoras de las condiciones económicas en México, han frenado considerablemente la corriente de inmigrantes ilegales cruzando la frontera. Desafortunadamente, también han tenido el efecto de cambiar la forma en que los inmigrantes llegan a los Estados Unidos —en vez de cruzar la frontera y regresar a ver a sus familias regularmente, una mayor cantidad ha permanecido en los Estados Unidos y ha traído a sus familias.35

    Los cruces ilegales no son la única fuente de inmigración ilegal. El Pew Hispanic Center determinó que casi la mitad de los inmigrantes ilegales inicialmente cruzó la frontera legalmente y permaneció en el país aun después de vencidas sus visas.36 Debemos deportar inmediatamente a los individuos que permanecen con una visa vencida en vez de permitir que se queden indefinidamente o que persigan apelaciones múltiples. Nuestro fracaso en hacer cumplir los requisitos de las visas es una de las mayores causas de que grandes números de inmigrantes ilegales residan en los Estados Unidos durante largos períodos de tiempo.

    Por esa misma razón, el verdadero control de la frontera requiere no solo la detección de cruces ilegales, sino también un sistema eficaz que monitoree a aquellos que entran legalmente. Y eso requiere una reforma de la política inmigratoria que va más allá de cercar la frontera y ubicar más agentes en la zona. Aun así, la conclusión es que hoy en día no hay una avalancha de inmigración ilegal. Enfatizar la detención de la inmigración ilegal como un pilar de la reforma migratoria es obsoleto.

    Con esto no estamos diciendo que no tenemos un problema con la seguridad fronteriza. Por el contrario. Pero la naturaleza del problema ha evolucionado. Ya no se trata simplemente de inmigrantes ilegales cruzando la frontera. La seguridad fronteriza hoy en día incluye amenazas de carteles de droga y terroristas. Cada amenaza requiere respuestas diferentes.

    A medida que ha disminuido el número de inmigrantes ilegales entrando al país, el movimiento de drogas ilegales y armas por la frontera entre los Estados Unidos y México se ha intensificado. En el lado mexicano de la frontera, una guerra a gran escala entre carteles paramilitares ha dejado a cincuenta mil personas muertas durante los últimos seis años. El descubrimiento de docenas de cuerpos horriblemente mutilados se ha vuelto algo normal en la vida mexicana.37 Los carteles presentan un reto directo al gobierno mexicano —tan es así que en 2010, la entonces secretaria de estado Hillary Clinton describió a los carteles como “una insurgencia”.38 Sus recursos son enormes. El Cartel de Sinaloa está encabezado por el fugitivo multimillonario Joaquín Guzmán Loera.39 El Cartel de los Zetas originalmente se formó con ex miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del ejército mexicano. El Congressional Research Service informa que en su pelea por las enormes ganancias, los carteles han creado “un ambiente de guerra urbana con irrupciones al estilo comando en cárceles estatales, secuestros de periodistas, asesinatos de policías y ataques a bases militares”.40

    Dada la inhabilidad de México para controlar a los carteles y el masivo mercado de drogas en los Estados Unidos, los efectos colaterales son inevitables. El ejemplo más vívido es el terrible fracaso de Operation Fast and Furious (Operación Rápido y Furioso), donde armas obtenidas de autoridades estadounidenses fueron ligadas a al menos una docena de crímenes violentos en los Estados Unidos, incluyendo la muerte de un policía fronterizo.41 Como los carteles controlan aproximadamente el 90% de las drogas ilegales que entran en los Estados Unidos, sus efectos se extienden a las pandillas estadounidenses, los sindicatos criminales y los drogadictos.42

    Es importante diferenciar los problemas de seguridad fronteriza relacionados a la inmigración ilegal y a los carteles. De lo contrario, los inmigrantes son acusados de la violencia y demás efectos negativos de los que ellos no son responsables. Pero los problemas se están fusionando, ya que los carteles están entrando en el negocio del tráfico humano. De hecho, aunque los cruces ilegales de mexicanos están disminuyendo, la cantidad de centroamericanos huyendo de la violencia y la pobreza y entrando a los Estados Unidos a través de México está aumentando.43 Dado que tanto los inmigrantes ilegales como las drogas cruzan nuestra frontera del sur con la participación de los carteles, las respuestas adecuadas se superponen.

    En cuanto a los inmigrantes ilegales, muchos han apoyado separar la frontera con un muro. La imagen de una cerca nos asemeja más al Fuerte de los Estados Unidos que al país cuya actitud hacia la inmigración personifica la Estatua de la Libertad. Una cerca a lo largo de las 1.969 millas de nuestra frontera sureña sería muy costosa y no sería eficaz necesariamente. Se han levantado varios cientos de millas de cerca a un costo de más de $49 mil millones —sin embargo, el Congressional Research Service dice que los inmigrantes ilegales simplemente van a otras zonas.44 De igual modo, los experimentos con “cercas virtuales” usando cámaras, radares y vehículos aéreos sin tripulación por ahora no han demostrado ser eficaces,45 a pesar de los adicionales miles de millones de dólares que costaron.46 Le daríamos a las autoridades federales amplia discreción para enfrentar los desafíos de la seguridad fronteriza con la combinación más rentable de cercas reales y virtuales, vigilancia aérea y un aumento en el personal de la policía fronteriza. También apoyamos darle al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para ejercer la seguridad dentro de los cincuenta parques nacionales que se encuentran dentro de las cien millas de las fronteras de los Estados Unidos.47

    A su vez, pelear contra los carteles en la frontera puede presentar una amenaza de proporciones potencialmente épicas, lo cual requiere de una respuesta más fuerte. Los carteles son organizaciones paramilitares con armas peligrosas y sofisticadas. Nuestros oficiales de la policía fronteriza no están ni entrenados ni equipados para enfrentar la potencia de las armas de los carteles, llegado el caso. Como resultado, el presidente debería estar autorizado a desplegar fuerzas militares, o la Guardia Nacional si fuese necesario, para responder a las amenazas de los carteles y proteger la frontera estadounidense.

    Más deseables que el despliegue del ejército estadounidense serían los esfuerzos para aumentar la eficacia de las autoridades mexicanas en lidiar con los carteles de su lado de la frontera. Los funcionarios estadounidenses han trabajado de cerca con sus colegas mexicanos, incluyendo el despliegue de vehículos aéreos de vigilancia no tripulados y la inauguración de instalaciones para reunir inteligencia en el norte de México.48 Deberíamos continuar trabajando de cerca con México para luchar contra la corrupción en la policía y el ejército y reducir el poder de los carteles. Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debería continuar priorizando los esfuerzos en contra de los carteles estadounidenses, en coordinación con agencias de autoridades del orden público locales en las comunidades en donde tales carteles ocasionan crimen y violencia devastadores.

    Además de los carteles mexicanos, el hecho de que varios de los terroristas del 11 de septiembre entraron al país legalmente bajo un sistema de inmigración permeable ha incrementado las preocupaciones de seguridad nacional —tan es así que el cumplimiento de las leyes de inmigración fue ubicado bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Hemos argüido previamente que la inmigración debería estar separada pero coordinada con la seguridad nacional, de manera que mientras protegemos a nuestra nación contra el terrorismo no boicoteemos involuntariamente el turismo y la entrada de estudiantes y trabajadores que son vitales para el bienestar de nuestra economía.

    Los esfuerzos antiterroristas después del 11 de septiembre causaron retrasos masivos para los visitantes extranjeros entrando a los Estados Unidos y llevaron a registros y detenciones controversiales de visitantes de Oriente Medio. En un esfuerzo por armonizar los intereses de la seguridad y el comercio, en 2003 el entonces secretario de seguridad nacional, Tom Ridge, implementó el programa US-VISIT. El sistema depende de una identificación biométrica mediante huellas digitales, la cual se usa para identificar a todos los que entran a los Estados Unidos excepto los visitantes de corto plazo de México y Canadá, comparándolos con una base de datos que para 2008 tenía 90 millones de huellas digitales.49 El sistema se basa en compartir una vasta inteligencia e información con países extranjeros para que la frontera sea la última y no la primera línea de defensa en contra de los terroristas.

    La identificación biométrica puede ser una herramienta vitalmente importante para hacer cumplir las leyes de inmigración. Aunque las huellas digitales son la forma más común de identificación biométrica, también incluye el ADN, el reconocimiento de iris, el reconocimiento facial, la huella vocal y otras formas de identificación única.50 La policía puede usar escáneres móviles de huellas digitales para inmediatamente revisar la identificación de sospechosos criminales.51 El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (dependiendo de la data biométrica obtenida a través del programa US-VISIT) tienen las dos bases de datos biométricas más grandes del mundo, cada una con más de 100 millones de registros.52 A través del Programa de Comunidades Seguras del ICE, cuando las autoridades estatales y locales detienen a un sospechoso criminal, una búsqueda de los registros del FBI también automáticamente escanea la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional. Cuando no se encuentra un resultado con estatus de inmigración legal, el sospechoso queda detenido.53 El uso de sistemas biométricos por las autoridades inevitablemente plantea problemas con respecto a la privacidad y la identificación falsa, en especial cuando los procesos son físicamente invasivos (como la recolección de ADN) o menos confiables y violan expectativas de privacidad (como el reconocimiento facial). Como consecuencia, ampliar tales prácticas como parte del cumplimiento de las leyes de inmigración requiere medidas que protejan la privacidad individual, demandando una corrección inmediata de identificaciones falsas y estableciendo procedimientos para obtener y usar data biométrica. Afortunadamente, en 2012 la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció parámetros limitados para el uso de la vigilancia de alta tecnología en el contexto de seguimiento por medio de un GPS sin una orden judicial.54 El uso de la identificación biométrica debe cumplir con las protecciones de la libertad individual que son sagradas en los Estados Unidos.

    Pedirles a los visitantes que proporcionen identificación biométrica al entrar y salir —cuando se combina con la identificación de visitantes de bajo riesgo y un uso más amplio de los programas de “viajeros confiables”— protegerá los intereses de seguridad estadounidense sin imponer cargas excesivas a los visitantes extranjeros. La data biométrica se puede comparar rápidamente con la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional para detectar riesgos de seguridad. Varios países, como Canadá, el Reino Unido y Francia, usan data biométrica para sus visitantes extranjeros. A medida que el uso de esta se vuelva más común, las bases de datos internacionales se volverán aún más eficaces en la minimización de riesgos.

    También recomendamos un sistema biométrico de verificación electrónica, con tarjetas de identificación de huellas digitales inalterables, para todos los poseedores de visas.55 Tales requisitos nos permitirían determinar, por primera vez, exactamente quién está en nuestro país y si se les ha vencido la visa. Ese proceso es reforzado por el sistema de entrevistas para personas de países extranjeros que desean obtener una visa estadounidense. La data biométrica entonces sirve ambos objetivos de monitorear y hacer cumplir tanto la inmigración como la seguridad nacional.

    La industria del turismo, la cual produce ingresos y benevolencia, ha recibido un golpe desde el 11 de septiembre. Deberíamos hacer que los visitantes de bajo riesgo de seguridad puedan entrar a los Estados Unidos de la manera más fácil posible. A pesar de los esfuerzos por apurar el proceso de visa para aquellos entrando al país para negocios, turismo o estudios, el sistema sigue estando agobiado, causando retrasos e incertidumbre. El Congreso debería conseguir recursos adecuados para asegurarse de que nuestro sistema de visas es eficiente y eficaz. Un sistema más simple se pagaría por sí solo, no solo a través de tarifas de usuarios, sino también mediante el aumento de actividad económica por los visitantes extranjeros.

    La política inmigratoria y la seguridad nacional deberían ser objetivos complementarios. Claramente, usamos una gran cantidad de tiempo y recursos para realzar la seguridad después del 11 de septiembre, a veces en detrimento severo de nuestra política nacional de inmigración. Afortunadamente, esa inversión valió la pena porque nos permitió restaurar el balance adecuado entre esos dos objetivos nacionales vitales sin ya comprometer la inmigración y el turismo, de los cuales depende una parte importante de la prosperidad de nuestra nación.

    Los debates sobre la inmigración siempre han estado marcados por la preocupación acerca de la asimilación. Puede ser que en la era de Internet, las películas de Hollywood y los programas populares de televisión, la asimilación a la cultura estadounidense comience mucho antes de que las personas siquiera entren a nuestro país. Pero la asimilación a la identidad estadounidense —los valores en los que se basan nuestra nación y los mecanismos constitucionales diseñados para perpetuarlos— en última instancia es mucho más importante pero una tarea mucho más difícil.

    Para convertirse en ciudadanos, los inmigrantes deben mostrar fluidez con el inglés y pasar un examen sobre educación cívica e historia estadounidense básicas. Hay cien posibles preguntas, de las que se les preguntan diez a los posibles ciudadanos. Al contestar seis de las diez bien se pasa el examen.56

    De ninguna manera queremos minimizar el esfuerzo tremendo que atraviesan los inmigrantes para convertirse en ciudadanos, incluyendo aprender inglés si no es su lengua materna y tomar clases de educación cívica e historia estadounidense. Pero creemos que contestar seis preguntas sobre nombres, fechas e instituciones estadounidenses básicas no debería ser suficiente para obtener la ciudadanía. En su lugar, los que aspiran a ser ciudadanos deberían poder mostrar una comprensión fundamental de los valores de nuestra nación y los mecanismos de la democracia. Por ende, ampliaríamos el conocimiento cívico necesario para la ciudadanía para que incluyera los documentos de la fundación de nuestra nación, el papel crucial de una economía de mercado para fomentar la libertad y prosperidad, y los medios y la importancia de la participación cívica. Contamos con que los inmigrantes no solo persigan y personifiquen el sueño americano, sino que también reconozcan y acepten los valores que hacen posible ese sueño.

    Tal conocimiento esencial no debería ser un requisito solo para los inmigrantes, sino para todos los estadounidenses. Aunque el examen para la ciudadanía es extremadamente básico, una encuesta del Centro para el Estudio del Sueño Americano determinó que, hoy en día, un tercio de los estadounidenses no podría pasarlo.57 Imagínense eso: muchos de nuestros propios hijos (y adultos), que han heredado la ciudadanía y fueron educados en el sistema de educación pública estadounidense, no pueden pasar el examen básico que deben pasar los nuevos estadounidenses para convertirse en ciudadanos. Ese es un triste reflejo del estado actual de la educación cívica en nuestra nación.

    “Mucha gente cree que en una economía global altamente competitiva, la educación cívica ya no es importante”, observa el secretario de educación Arne Duncan. “Si quieres tener éxito, el mensaje es: toma cursos avanzados en ciencia y matemáticas. Pero no te preocupes por las clases de cívica”.58 En consecuencia, informa David Feith en el libro reciente Teaching America, Historia de los Estados Unidos “es la única materia en la que más de la mitad de los estudiantes cursando el último año de la secundaria no pueden mostrar ni siquiera un conocimiento básico”.59

    La falta de una educación cívica adecuada significa que muchos estadounidenses saben muy poco sobre cómo funciona su gobierno y cómo influenciarlo de manera eficaz. De hecho, casi dos tercios de los estadounidenses no pueden nombrar las tres ramas del gobierno y menos de la mitad puede nombrar un solo juez de la Corte Suprema —pero tres cuartos pueden nombrar a cada uno de los Tres Chiflados. El National Assessment of Educational Progress determinó que menos de un tercio de los estudiantes de cuarto, octavo y doceavo grados son competentes en educación cívica —con un porcentaje aun menor entre niños de minorías en edad escolar.60 Un informe de la Fundación Lynde and Harry Bradley llamado E Pluribus Unum (una frase en latín cuyo significado pocos estadounidenses probablemente comprendan aunque es parte del sello de los Estados Unidos) dijo que la mayoría de los estadounidenses cursando el octavo grado no podían explicar el propósito de la Declaración de la Independencia, y solo un 5% de los que cursaban el último año de la secundaria podían explicar cómo el Congreso y la Corte Suprema pueden actuar como control limitante al poder presidencial. El informe Bradley observa que “saber lo que representan los Estados Unidos no es una herencia genética. Debe ser aprendido, tanto por la siguiente generación como por los que vienen a este país”.61

    Aun mientras fortalecemos el examen de inmigración para asegurar que los recién llegados comprendan los ideales estadounidenses y los mecanismos para la participación cívica, creemos que es una buena idea requerir como condición de todos los estudiantes estadounidenses pasar ese mismo examen para poder graduarse de la secundaria. En años recientes, nuestra política educativa ha reconocido, cada vez más, la importancia que conlleva dominar materias como Matemáticas, Ciencias e Inglés. Y sin embargo tratamos a la Educación Cívica como un pariente lejano. Podemos perpetuar nuestra economía al hacer que nuestros hijos dominen materias centrales; ¿pero podremos perpetuar nuestra democracia sin que los estudiantes dominen la educación cívica?

    Los expertos y legisladores (y hasta nosotros los autores mismos) diferimos en cuanto al papel adecuado del Gobierno federal en la educación. Pero si hay una especialidad que es sin duda un asunto adecuado de la política nacional, es la educación cívica. Tal educación ya es una característica importante en nuestra política de naturalización, pero los requisitos necesitan fortalecerse. Creemos que no solo los recién llegados, sino toda nuestra población necesita un alfabetismo cívico mejorado. Haber tenido la suerte de nacer aquí no nos da el derecho a la ignorancia sobre nuestros valores fundacionales y su importancia contemporánea. Y sin una ciudadanía realmente informada, no podemos pretender que los ideales estadounidenses continúen creciendo. Podemos esperar y demandar mucho de los que desean formar parte de la familia estadounidense —pero no debemos esperar ni demandar nada menos de nosotros mismos.

    Arreglar el sistema de inmigración gravemente fracturado de nuestra nación debe ser una de las principales prioridades nacionales. Lograr una correcta política inmigratoria nos permitirá reclamar la prosperidad que en los últimos años ha eludido nuestro alcance. Mejorará nuestra competitividad y posición económica dominante en el mundo. Nos ayudará a preservar la red de seguridad y el generoso sistema de servicios y beneficios que de otra manera será insostenible. Nos ayudará a cumplir con nuestros preciados ideales y a seguir siendo un modelo de oportunidad para la gente alrededor del mundo. Fomentará la fidelidad hacia la ley y ayudará a que nuestra nación sea más segura.

    Por el contrario, perpetuar nuestro actual sistema de inmigración andrajoso le restará a cada uno de esos objetivos. No podemos darnos el lujo de esperar. No podemos darnos el lujo de demorar la adopción de una política inmigratoria nacional sensata en nombre de una percibida conveniencia política. No podemos sacrificar una reforma necesaria y tardía por el altar del partidismo, en especial cuando las soluciones transcienden la división partidista.

    Las propuestas presentadas aquí son simplemente un bosquejo de una vía hacia delante. Muchas se basan en buenas ideas que han sido más desarrolladas en otras partes por otros. Esperamos que logren informar el debate y puedan ayudar a romper con la paralización legislativa que ha impedido que nuestra nación acepte una serie de temas prolongados y divisivos. Pero más importante aún, esperamos que nuestra política inmigratoria nuevamente refleje valores centrales esenciales, reconociendo que la inmigración siempre será una parte vital de la identidad y el alma de nuestra nación, al tiempo que la política inmigratoria cumple con la ley que defiende nuestra libertad.

    I. Hemos elegido usar el término hispano para describir a los inmigrantes de Latinoamérica. Reconocemos la gran diversidad dentro de esa amplia categoría. De acuerdo a una encuesta del Pew Hispanic Center, la mayoría de los hispanos se identifican por su país de origen, como los mexicoamericanos o los cubanoamericanos. En cuanto a una identificación más genérica, la mayoría dice no tener preferencia entre hispano o latino; pero entre aquellos que sí la tienen, hispano es preferido por un porcentaje de 31–14 de la mayoría. Ver Paul Taylor, Mark Hugo Lopez, Jessica Hamar Martinez y Gabriel Velasco, “When Labels Don’t Fit: Hispanics and Their Views of Identity”, Pew Research Center, 4 de abril de 2012, pág. 3.

  • Meet the Author

    Jeb Bush es un antiguo gobernador de Florida que sirvió dos mandatos y ahora es presidente de Jeb Bush and Associates, una firma consultora que trabaja con una variedad de empresas. Bush es presidente de la Foundation for Excellence in Education, cuyo propósito es promocionar una reforma significativa desde el kínder hasta la secundaria en Estados Unidos. Además, es copresidente de la Barbara Bush Foundation for Family Literacy y está activo en muchas causas cívicas y caritativas. Reside en Miami con Columba, su esposa desde hace treinta y ocho años.

    Clint Bolick es el vicepresidente de litigación en Goldwater Institute en Phoenix y es un miembro investigativo con la Hoover Institution. Uno de los principales litigantes constitucionales de la nación, Bolick ha obtenido varias victorias legales importantes en las cortes estatales y federales de costa a costa. Bolick ha sido perfilado dos veces en The New York Times y escribe extensamente para The Wall Street Journal y otras publicaciones.

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    Las guerras inmigratorias: Forjando una solucion americana 4 out of 5 based on 0 ratings. 1 reviews.
    AuldMunro More than 1 year ago
    buen libro; hubiera gustado mas trasfondo historico o debate a cerca de las leyes de inmigracion de 1923,1924 y 1965.